Vivimos en una era digital en la que las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios de comunicación. Hace apenas una década, Google era la principal herramienta para buscar información en internet; hoy, muchas personas, recurrimos a la inteligencia artificial o incluso plataformas como TikTok, donde una simple búsqueda permite acceder a cientos de videos cortos sobre prácticamente cualquier tema, desde contenidos banales como “outfits en tendencia” hasta explicaciones académicas como “el juicio de amparo explicado paso a paso”.

Este cambio ha transformado la forma en que consumimos información y ha permitido que cualquier persona con acceso a internet comparta ideas, opiniones y juicios de valor ante miles de espectadores, con la posibilidad de que su contenido se viralice en cuestión de horas.

Cultura de la cancelación

Esta facilidad para expresarnos refleja una forma de libertad de expresión en la era digital. Sin embargo, cuando una opinión es considerada ofensiva, discriminatoria o inapropiada, puede generar reacciones masivas como críticas, comentarios negativos, boicots o campañas de desprestigio. A este fenómeno se le conoce como cultura de la cancelación.

A partir de ello surge una pregunta importante: ¿cancelar a alguien en internet es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión o puede llegar a vulnerar los derechos de la persona afectada?

El derecho a la libertad de expresión

En México, la libertad de expresión es un derecho humano reconocido en tratados internacionales así como en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales protegen tanto la manifestación de ideas como la difusión de opiniones e información por cualquier medio.

Desde esta perspectiva, estar en desacuerdo con la opinión de una persona e incluso dejar de consumir su contenido suele ser una conducta protegida por la libertad de expresión.

¿Cuándo la cancelación puede dejar de ser legal?

La libertad de expresión tiene límites. Cuando comienza a vulnerar derechos de terceros, la cancelación puede derivar en conductas ilícitas. En estos casos, ya no se trata únicamente de expresar desacuerdo, sino de acciones que pueden generar una responsabilidad jurídica.

Esto ocurre cuando aparecen conductas como amenazas, acoso digital, discursos de odio, difusión de información falsa o daño moral derivado de acusaciones sin fundamento.

Un ejemplo conocido es el de J. K. Rowling, quien en 2020 publicó en su cuenta de X diversas opiniones relacionadas con el sexo biológico y la identidad de género. Muchas personas consideraron que sus declaraciones eran transfóbicas, lo que provocó una fuerte reacción en internet, promoviendo una campaña masiva de odio hacia la escritora, boicots a sus obras, miles de personas expresaron su rechazo e incluso figuras públicas expresaron su desaprobación.

El caso de Rowling demuestra que, en la era digital, la condena de la opinión pública puede llegar a ser tan influyente como una sanción formal.

Un problema jurídico sin respuesta clara

La cancelación en internet se sitúa en una delgada línea entre la libertad de expresión y la afectación de derechos de terceras personas, sin embargo, surge una pregunta importante: ¿quién es jurídicamente responsable del daño?

Resulta difícil identificar a un único responsable y exigir una reparación del daño cuando son miles de personas quienes participan en una campaña de odio o difunden mensajes que contribuyen al daño. Aunque el perjuicio puede ser real, resulta prácticamente imposible exigir responsabilidad a cada uno de los individuos que intervinierón.

Es por ello que la cultura de la cancelación plantea interrogantes que el derecho contemporáneo aún intenta resolver: ¿Las plataformas digitales tienen alguna responsabilidad? ¿O nos encontramos ante un fenómeno social cuyos efectos exceden los mecanismos jurídicos tradicionales de reparación del daño?

Estas preguntas evidencian que la era digital no solo ha transformado la forma en que nos comunicamos y buscamos información, sino también la manera en que entendemos la responsabilidad y la justicia.

La finalidad de esta reflexión no es determinar si cancelar está bien o está mal, sino reconocer que nos enfrentamos a un problema jurídico real: la existencia de un daño sin un responsable que pueda ser identificado, una situación que desafía conceptos tradicionales del derecho como la causalidad, la responsabilidad civil y la reparación del daño.