Hablar de víctimas de desaparición forzada o de falsos positivos en Colombia (ha estallado un nuevo escándalo en el municipio de Dabeiba, occidente de Antioquia), es tocar una realidad cuya dimensión es desconocida.

Esta práctica ilegal, conocida en el país como: “falsos positivos”; consiste en el asesinato de civiles por parte del ejército, que luego los presenta como muertos en combate.

La información fue revelada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); una instancia creada para investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado de medio siglo con la guerrilla de las FARC; y en la que se juzga a exguerrilleros, militares, agentes del Estado y civiles involucrados.

Las autoridades colombianas informaron que el 14 de diciembre de 2019; hallaron una fosa en la que “se encontraron los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”.

La JEP reveló el hallazgo de esta fosa ubicada en el Cementerio Católico “Las Mercedes de Dabeiba”, en el departamento de Antioquia; donde realizan labores de exhumación de cuerpos desde el pasado 9 de diciembre.

“Ese dato es alto. Dabeibanos desaparecidos por las AUC, Fuerzas Armadas y Guerrilla son incontables. Fueron enterrados, descuartizados y tirados a Riosucio, desfigurados y sepultados como cuerpos no identificados”. Precisa Augusto González, director de la Asociación Dabeibana de Desplazados, Desaparecidos y Víctimas de la Violencia Repetitiva.

Que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llegará al cementerio de esa población en busca de una fosa donde se cree que hay; por lo menos 50 restos de víctimas de falsos positivos por parte del Ejército, sorprendió a muchos, pero también; le avivó la esperanza a otros que no saben lo que pasó con sus seres queridos desde hace años.

“Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontraban personas en condición de discapacidad“.

Sostiene el informe de la JEP

Aunque la gente aún está entre el silencio, saben que se está trabajando desde las instituciones para poder llegar a recuperar la verdad. El trabajo de la JEP en Dabeiba generó que el Ministerio de la Defensa expresará, por medio de un comunicado, que está dispuesto a colaborar con la justicia para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto.

Ahora, con el trabajo de la JEP, se abre un nuevo capítulo sobre el conflicto vivido en Dabeiba y cómo los civiles fueron afectados por las instituciones que debían protegerlos. En este caso se investiga si el Ejército habría cometido por lo menos medio centenar de ejecuciones extrajudiciales con el fin de demostrar resultados contra la guerrilla de las FARC.

Siete cadáveres completos exhumados, y la recuperación de “numerosas estructuras y fragmentos óseos” son los resultados parciales de la prospección que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeiba, Antioquia.

• Las investigaciones en el cementerio de Dabeiba comenzaron a raíz de una serie de versiones voluntarias, según indica la entidad.

Uno de estos testimonios fue el de un ex miembro del Ejército que “indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado”, según indica el tribunal, que sostiene que estas declaraciones fueron contrastadas con un conjunto de pruebas.

Según medios locales, un exsoldado que acompañó a la JEP a la exhumación detalló que superiores suyos le ordenaron disparar en la cabeza de los fallecidos para que estos no pudieran ser identificados.

La JEP señala que estos hechos “nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria” y que realizan estas pesquisas para “encontrar la verdad plena sobre la desaparición forzada“.

• Tras la recuperación de los restos, la siguiente fase es la identificación de los cadáveres por parte de Medicina Legal.

Los llamados “falsos positivos” son uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en Colombia. En 2008 estalló el escándalo por las denuncias de familiares de las víctimas, quienes revelaron que militares habían matado a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate, dentro del municipio de Soacha.

Durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), se promovió un modelo de estímulos a los soldados por bajas obtenidas de sublevados, lo que fue considerado el germen de las ejecuciones de civiles.

La JEP denomina a esta investigación Caso 03 o “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” y a la fecha, “se han adelantado 160 versiones por parte de uniformados de la fuerza pública”, con la respectiva acreditación de 400 víctimas