En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora revisamos cómo los enfoques de la cobertura política y la amplificación de ataques o estereotipos siguen condicionando la participación de las mujeres en la vida pública en Colombia.

Mientras millones de colombianos acuden a las urnas este fin de semana para elegir un nuevo Congreso, el mundo celebra también el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta coincidencia no es solo de calendario; es una oportunidad crítica para analizar cómo la narrativa periodística y el lenguaje que empleamos influyen directamente en la representación de las mujeres en el poder y, por extensión, en la salud de nuestra democracia.

De acuerdo con los datos de la estrategia ‘Más Mujeres, Más Democracia’ —impulsada por la Mesa de Género de la Cooperación Internacional y ONU Mujeres—, y compartidos por Ana Catalina Buitrago, oficial de género del PNUD Colombia, en el Taller ‘Periodismo y elecciones en Colombia: contar lo que importa para la democracia’, existe una paradoja electoral en nuestro país, ya que aunque las mujeres participan más activamente como votantes, superando a los hombres por casi seis puntos porcentuales (61,8 % frente al 56,1 %), su representación en cargos electos territoriales sigue estancada en un 25 %.

Esta brecha no es accidental. Es el resultado de lo que Buitrago define como un “continuum de violencia” que comienza en el espacio doméstico, se agrava en los partidos políticos y se amplifica en las redacciones periodísticas.
 

El cuerpo como campo de batalla mediático

Uno de los hallazgos más alarmantes discutidos en el taller es cómo los medios tienden a retratar a las mujeres candidatas y a desplazar el debate de las ideas hacia la vida privada o el aspecto físico. Mientras que a los hombres se les evalúa por sus programas de gobierno o alianzas, a las mujeres se las narra desde la estética —si son “bonitas”, “flacas” o “gordas”— y en lugar de atacar sus argumentos, se las ataca por su “vida sentimental y familiar”.

Casos recientes como el de la senadora Paloma Valencia, atacada mediante caricaturas que se centran en su imagen y no en sus posturas ideológicas, o el de Amelia Pérez, candidata a fiscal, cuyas aptitudes para un cargo público fueron cuestionadas en medios a partir de los mensajes en redes sociales de su esposo, demuestran que la prensa aún incurre en un sesgo de género profundo; un debate que Buitrago califica como una distracción de la idoneidad técnica y que, por ejemplo, en el caso particular de Valencia, constituye incluso un acto de violencia política que ataca y despoja a las mujeres de su capacidad de agencia e incidencia pública.
 

La complicidad en la violencia digital

Según el estudio ‘3000 voces por la democracia‘, realizado por ONU Mujeres, en alianza con Suecia, y en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Defensoría del Pueblo, y que contó con los testimonios de las candidatas a las elecciones territoriales de 2023 en Colombia, el 72,4 % de las encuestadas sufrió una o más situaciones de violencia durante la campaña, y la violencia digital afectó al menos a un 41 % de ellas. En este aspecto, el problema radica en que a menudo, tanto los actores políticos como medios, nos convertimos en “traductores de la misoginia” —como lo nombraron algunos participantes del taller— al republicar ataques de “bodegas” o tendencias en redes sociales que solo buscan degradar la dignidad de las candidatas a cambio de clics.

De acuerdo con Buitrago, “el impacto de estos ataques es devastador”, pues el mismo estudio de ONU Mujeres revela que el 46,1 % de las candidatas afectadas por violencia política declaró que no volvería a participar en procesos electorales, lo que representa una pérdida irreparable de talento y liderazgo para nuestras sociedades y su democracia. 

Estas cifras deberían funcionar como una señal de alarma para el periodismo. Si la forma en que narramos la política contribuye, aunque sea de manera indirecta, a que casi la mitad de las mujeres considere abandonar la vida pública, entonces no estamos informando sino empobreciendo el debate democrático.
 

El mito de la paridad y el “relleno”

Incluso cuando hablamos de la ley de cuotas y la participación, el lenguaje puede ser engañoso. El Ranking de Igualdad de Mujeres y Hombres en Partidos Políticos 2022-2023, de ONU Mujeres con el apoyo de PNUD, otorga un puntaje promedio de apenas 50,4 sobre 100 a las organizaciones políticas en Colombia, evidenciando que la paridad es aún una fachada en muchos sectores. 

Pero ¿por qué, a pesar del alto compromiso ciudadano de las mujeres en las urnas, la paridad real en los cargos de decisión sigue siendo una meta esquiva? Según los testimonios recogidos en el informe ‘3000 voces por la democracia’, el 25 % de las candidatas reveló haber sido instrumentalizada por sus partidos para cumplir con la ley de cuotas; según Buitrago, esta es una de las formas de violencia simbólica más usadas en la política colombiana y una cifra que confirma que los partidos a menudo utilizan a las mujeres como “relleno” para cumplir con el requisito legal del 30 % pero sin darles apoyo financiero ni logístico. De hecho, la desigualdad es también económica, pues según datos del mismo Ranking de Igualdad, en las campañas a Congreso y regionales de 2023 los hombres recibieron en promedio 3,3 veces más recursos que las mujeres. 

Esta brecha revela que la paridad formal en las listas no se traduce necesariamente en condiciones reales de competencia. En este contexto, si el periodismo se limita a reportar el número de mujeres inscritas o electas sin examinar cómo se distribuyen los recursos, el apoyo partidario y los espacios de visibilidad, corre el riesgo de reforzar el mito de la igualdad ya alcanzada, por lo que denunciar estas asimetrías financieras y organizativas es poner en evidencia una de las barreras estructurales más persistentes para la equidad política en el país.

El silencio sobre las tareas de cuidado y las violencias físicas

Narrar a las mujeres desde la paridad real implica visibilizar las barreras de cuidado que enfrentan. El 93,1 % de las candidatas identifica las responsabilidades del hogar como un factor presente y determinante en su día a día, y el 25,3 % las percibe incluso como un obstáculo directo para postularse.

¿Cuántas veces en nuestras entrevistas preguntamos a un candidato hombre quién cuidará a sus hijos mientras legisla? Casi nunca. Esta disparidad en el interrogatorio refuerza la idea de que los espacios de participación democrática son ajenos a las mujeres. De acuerdo con la Ley 2453 de 2025, este tipo de conductas refuerza estereotipos de género que pueden calificarse como violencia simbólica al limitar la participación pública femenina.

Durante su exposición, Buitrago explicó que en muchos casos estas barreras conviven con formas más directas de agresión. Varias de las encuestadas reportaron episodios de violencia contra sus hijas jóvenes o adolescentes, así como afectaciones a su patrimonio y seguridad económica, pues al no contar con recursos suficientes, muchas terminan poniendo en riesgo sus bienes personales o endeudándose para poder participar en política. Además de las violencias psicológicas, morales y verbales, algunas candidatas también señalaron haber sido víctimas de agresiones físicas y sexuales durante la campaña, al recibir tocamientos, abrazos o besos en contra de su voluntad. Pese a su gravedad, estas violencias suelen ser de las más subrepresentadas en la cobertura periodística, ya que rara vez se investigan con profundidad o se integran al relato sobre las condiciones reales en que las mujeres hacen política.
 

¿Qué dice la Ley 2453 de 2025?

Aprobada en 2025, esta ley define y tipifica por primera vez en Colombia la violencia contra las mujeres en el ámbito político. En su artículo 2° establece que se trata de cualquier acción, conducta u omisión —directa o ejercida a través de terceros, en el ámbito público o privado— que, basada en razones de género, cause daño o sufrimiento a las mujeres o a sus familias y tenga como objetivo o resultado menoscabar, restringir o impedir el ejercicio de sus derechos políticos.

La norma reconoce que esta violencia puede manifestarse de múltiples formas, entre ellas la verbal, física, sexual, psicológica, moral, económica o patrimonial, digital y simbólica, y que puede ocurrir durante procesos electorales, mecanismos de participación ciudadana o en el ejercicio de la función pública.

Para el periodismo, este marco legal abre una agenda clara de seguimiento que implica hacer visible la ley, verificar su implementación y ejercer control sobre las instituciones responsables de aplicarla. Buitrago advirtió que, aunque la norma ya fue promulgada, su implementación sigue siendo incipiente.
 

La defensa de las mujeres en la política también empieza en la redacción

Este 8 de marzo, mientras el país está atento al cubrimiento de los resultados de las legislativas, vale la pena que el periodismo afine su mirada crítica sobre las condiciones en las que las mujeres hacen política y la manera en que se las cubre. La Ley 2453 de 2025 ofrece hoy un marco claro para nombrar y denunciar estas violencias, y utilizarlo permitirá identificar patrones, exigir responsabilidades y evitar que las agresiones de la ciudadanía, los medios y otros actores políticos queden diluidas como simples episodios del debate electoral.

El reto para el periodismo es claro: no convertirse en amplificador de ataques o campañas de desprestigio, sino contribuir a un debate público más justo sobre las condiciones en que las mujeres participan de los espacios democráticos, examinado cómo operan estas dinámicas y aportando contexto, verificación y seguimiento para comprenderlas.
 

Algunas recomendaciones para la cobertura

• Conocer y citar la Ley 2453 de 2025 cuando se cubran casos de violencia contra mujeres en política. Nombrar el fenómeno como lo que es contribuye a su visibilización.
• Enmarcar los cubrimientos bajo la categoría de ‘violencia política’ cuando corresponda, en lugar de tratarlos como anécdotas.
• No amplificar contenidos violentos. Si se decide cubrirlos, hacerlo con contexto, análisis y referencia legal.
• Mantener coherencia editorial. La violencia es condenable independientemente del partido o espectro político del agresor.
• Guardar evidencia digital de posibles ataques antes de que sea eliminada, y buscar patrones entre cuentas que puedan revelar operaciones coordinadas.
• Aplicar una mirada interseccional. Los riesgos para una mujer candidata no son iguales si es indígena, afrocolombiana, joven o con una orientación sexual diversa.

FUENTE: Etica Periodística