Su uso poco ético puede aumentar la brecha entre quienes accederán a información de calidad y quienes se tendrán que conformar con lo que les den las máquinas.
La irrupción decidida –¿decidida por quién?– de la inteligencia artificial (IA) en nuestra vida cotidiana, sobre todo a partir del lanzamiento a finales de 2022 de ChatGPT y otros servicios como Dall-E, plantea numerosos interrogantes. No está de más que nos paremos a pensar en las consecuencias sociales de la adopción de esta tecnología.
La recepción de las innegables ventajas de estas herramientas, pero también de sus inconvenientes, es más entusiasta que crítica o prudente. No se trata de poner puertas al campo, pero tampoco de aceptar que las empresas que estén detrás impongan el viejo ‘laissez faire, laissez passer’. No está de más preguntarnos hasta qué punto la IA va a ayudar a resolver las múltiples desigualdades sociales –y económicas– o por el contrario –como ya han alertado Virginia Eubanks o Timnit Gebru–, las está acentuando.
La primera cuestión es saber –y poder discutir– qué estrategias comerciales están detrás de poner en el candelero ahora la IA, en un mercado que se adivina goloso, por parte de gigantes como Microsoft o Google. Dichas empresas han sido sometidas al escrutinio de las autoridades por prácticas monopolísticas, contrarias a la competencia. Tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos hay iniciativas para regular la IA.
La segunda cuestión es si la IA, que ha encontrado en internet el caldo de cultivo óptimo para llegar a las grandes masas, podría acentuar la brecha digital. Una gran cantidad de noticias no se traduce necesariamente en mayor riqueza y pluralidad informativa. Los usuarios activos son muy minoritarios en la red y el sueño del impulso de la democracia y la participación universal de los primeros tiempos de internet se ha ido desvaneciendo.
Parece haber un cierto consenso, al menos académico, acerca de la posibilidad cierta de que los algoritmos estén haciendo más profunda la brecha digital. La pandemia evidenció que no todo el mundo tiene las mismas condiciones para acceder a los contenidos educativos y a las noticias de calidad. Eso tiene un impacto muy claro en los procesos deliberativos que sustentan las democracias sanas.
Para debatir, necesitamos información e ideas contrastadas en las que fundamentar nuestras posiciones. Para tener mejores noticias, necesitamos que los medios estén saneados. Estas empresas necesitan buenos trabajadores –y la IA les puede ayudar, pero nunca sustituir– y condiciones salariales dignas.
No es éticamente aceptable la adopción indiscriminada de estas herramientas, aún menos sin advertir al usuario final de que aquello que consume se ha generado con poca (es imposible que no haya ninguna) intervención humana. ¿Por qué aceptar que eso provoque una merma de la calidad y una mayor precariedad laboral?
El uso indiscriminado y poco ético de la inteligencia artificial puede ensanchar –como ya puso de manifiesto en diciembre de 2020 el Fondo Monetario Internacional– la desigualdad entre países; entre grupos sociales y entre individuos; entre quienes tienen y quienes no tienen; entre aquellos que pueden permitirse conocer información de calidad –producida o supervisada por humanos– y quienes se tendrán que conformar, a veces sin saber su origen, con lo que les den las máquinas y, tras ellas, humanos mal pagados.
Fuente: https://www.elperiodico.com/es/opinion/
